GRAVAR HERENCIAS Y DONACIONES:

ENTRE LA SUPUESTA JUSTICIA Y EL RIESGO DE FRENAR EL PROGRESO

La propuesta planteada por la Ministra Lenia Batres Guadarrama de establecer un gravamen sobre herencias, legados y donaciones ha reabierto una discusión que toca fibras sensibles de la sociedad mexicana. Su postura se sustenta en la idea de que quienes reciben bienes sin haberlos generado contribuyen a la concentración de riqueza, por lo que deben tributar para fortalecer la hacienda pública y avanzar en una redistribución que se presenta como equitativa. Sin embargo, esta iniciativa no sólo plantea problemas jurídicos y prácticos, sino que también ignora el papel fundamental que juegan las grandes fortunas como motor del desarrollo, al tiempo que trasluce en buena medida una visión que se alimenta, más de una revancha social nacida de la envidia, que de una verdadera justicia.

Es necesario reconocer que las grandes fortunas, cuando se han construido con trabajo, visión y empeño, son un pilar esencial del avance colectivo. Las familias que han logrado acumular un patrimonio importante a lo largo de generaciones suelen ser las que crean empresas, generan empleos dignos, impulsan la innovación, invierten en infraestructura y sostienen buena parte de la actividad económica que da sustento a miles de personas en el país. Muchas de estas fortunas también se traducen en obras de bienestar, fundaciones educativas, apoyo a la cultura y atención a sectores vulnerables, actuando como un verdadero puente para el progreso que ningún esquema fiscal debería desincentivar o castigar. Al plantear un impuesto sobre la transmisión de estos bienes sin distinguir su origen ni su función, se corre el riesgo de deslegitimar el esfuerzo que los hizo posible, como si la riqueza fuera en sí misma una falta y no el fruto de capacidades y trabajo que benefician a todos.

Detrás de esta propuesta se advierte con claridad una carga de envidia social que se disfraza de defensa de los desfavorecidos. Se habla de "romper la transmisión de riqueza" como si fuera un acto de justicia, pero en realidad responde a un sentimiento de revancha contra quienes han logrado lo que otros no han podido, sin importar si lo hicieron por medios lícitos y útiles para la comunidad. Esta mirada olvida que la envidia no construye nada, sólo destruye; en lugar de buscar elevar las condiciones de los más desfavorecidos creando oportunidades, se prefiere limitar o quitar lo que otros tienen, bajo la falsa creencia que así se alcanzará la igualdad. Pero la igualdad real no se logra empobreciendo a los que tienen más, sino dando herramientas a los que tienen menos para que también puedan progresar, y atacar la riqueza legítima sólo debilita las fuentes mismas del bienestar que todos necesitamos.

Desde el punto de vista jurídico, la medida presenta graves inconsistencias y violaciones a derechos fundamentales. Actualmente, la transmisión por herencia o donación está exenta del ISR desde hace más de seis décadas, bajo el principio de que los bienes ya tributaron cuando fueron adquiridos por quien los transmite; gravarlos ahora equivale a una doble imposición, contraria a los principios de proporcionalidad y equidad que mandata la Constitución en sus artículos 27 y 31. Se vulnera también el derecho natural y constitucional a disponer del propio patrimonio para garantizar el futuro de los seres queridos, rompiendo ese vínculo de solidaridad intergeneracional que ha sido base de la familia y la sociedad. Además, la propuesta surge de una instancia cuya función es interpretar leyes, no crearlas, lo que trasciende sus facultades y puede contradecir también acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que protegen la propiedad privada sin excepciones injustificadas.

Las repercusiones prácticas confirman sus riesgos más allá de las grandes fortunas. Aunque se presenta como algo dirigido sólo a los más ricos, la falta de umbrales claros hará que termine golpeando también a patrimonios familiares modestos: la casa donde vive una familia, el pequeño taller o tienda, las tierras de cultivo o los ahorros de toda una vida podrían tener que venderse sólo para pagar el impuesto, dejando a las familias en la indefensión al perder el sustento o el hogar. Por el contrario, quienes cuentan con grandes fortunas suelen tener los medios para estructurar sus bienes de formas que minimicen o eviten el pago, por lo que el tributo termina siendo regresivo y afectando sobre todo a quienes menos recursos tienen para defenderse. En lo económico, se desincentiva el ahorro, la inversión y la creación de empresas, ya que, si el fruto del trabajo y el éxito se ve limitado al momento de transmitirlo, se quita motivación para emprender y crecer, lo que al final reduce la generación de riqueza y empleo para toda la sociedad.

 La redistribución real no se logra quitando a unos para dar a otros a través de la recaudación, sino construyendo un sistema donde todos puedan desarrollarse. Las grandes fortunas, lejos de ser un estorbo, son motores que mueven la economía y el bien común, y atacarlas por resentimiento o envidia no resuelve la desigualdad, sino que la agrava al debilitar las fuentes mismas del progreso. Una verdadera justicia fiscal debe buscar equidad sin castigar el éxito, combatir la evasión real y destinar los recursos a servicios públicos eficaces, sin caer en la tentación de usar los impuestos como instrumento de venganza social ni de romper los lazos que unen a las generaciones y permiten que el país avance.

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