ISRAEL Y MÉXICO FUERA DE LOS CANALES OFICIALES
Hay un hilo que conecta dos temas distintos que hoy preocupan a muchos mexicanos: la presencia de Israel en el acto de las Policías Celestiales en San Lázaro y las sospechas que han surgido en torno a los proyectos de agua en Jalisco. No se trata de una coincidencia, pero tampoco de una misma conspiración. Es importante distinguir con claridad qué hay confirmado y qué es todavía pregunta legítima.
En el caso de las Policías Celestiales, los hechos son públicos: el 19 de octubre de 2026, en la Cámara de Diputados, esta organización entregó a la Embajada de Israel en México el reconocimiento como "Sede Diplomática Amiga del Año". Representantes diplomáticos israelíes recibieron el galardón en un acto donde también fueron premiados alcaldes de distintos partidos políticos. Lo que ha levantado señales de alerta no es la relación diplomática en sí, sino que un recinto legislativo, que pertenece a todos los mexicanos, haya sido escenario para condecorar a una representación extranjera junto con figuras políticas nacionales, sin que quede claro el alcance de esta alianza ni qué tipo de colaboración se está construyendo fuera de los canales oficiales.
Por lo que respecta al agua en Jalisco, el panorama requiere mayor precisión. Existen antecedentes documentados: en 2016 el gobierno estatal firmó una carta de intención de cooperación académica con el Technion de Israel, y a nivel federal existe desde hace años un convenio de cooperación técnica con Mekorot, la empresa estatal israelí especializada en gestión hídrica. En 2022, una delegación de Jalisco viajó a Israel para conocer sus sistemas de tratamiento de agua. Sin embargo, lo que no está confirmado es que empresas israelíes vayan a tomar control del suministro de la región; el gobernador Pablo Lemus ha negado que se vaya a privatizar el servicio. La desconfianza surge porque estos acuerdos coinciden con una crisis hídrica profunda y grandes proyectos de infraestructura que requerirán inversión privada. Cuando falta transparencia sobre quién participa y bajo qué condiciones, cualquier vínculo externo se convierte naturalmente en motivo de sospecha.
Lo que une ambos casos es la misma inquietud: la presencia creciente de intereses extranjeros en áreas estratégicas —seguridad y recursos naturales— con poca información pública sobre sus alcances reales. No es ilegal cooperar con otros países; lo que exige la ciudadanía es que esas colaboraciones sean claras, aprobadas por las instituciones correspondientes y, sobre todo, que el interés nacional esté siempre por encima de cualquier acuerdo externo. La legítima pregunta no es por qué están ahí, sino: ¿con qué autoridad, con qué objetivos y en beneficio de quién?