ROCHA MOYA Y LA CRISIS POLÍTICA EN SINALOA
El 21 de agosto de 2026, Rubén Rocha Moya anunció su regreso al ejercicio de la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia temporal, separación que había pedido en mayo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo de "Los Chapitos", y solicitó su extradición. En su mensaje, afirmó que la Fiscalía General de la República no había encontrado elementos en su contra y que regresaba "con la frente en alto" para cumplir el mandato que concluye en octubre de 2027. Sin embargo, su retorno duró apenas 30 horas. Ante la presión inmediata —de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de la dirigencia nacional de Morena, de Gobernadores y Legisladores del propio partido, así como de la opinión pública y la oposición—, Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia indefinida, que el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el 23 de agosto.
Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. Morena se deslindó públicamente: la Presidenta Sheinbaum declaró que no fue consultada y que se enteró por redes sociales; Gobernadores y Senadores del partido publicaron un pronunciamiento conjunto pidiéndole "madurez y responsabilidad"; la Secretaría de Gobernación aclaró que las investigaciones federales seguían abiertas y que no existía exoneración alguna. La oposición —PAN, PRI, Movimiento Ciudadano— calificó el hecho como vergonzoso, lo llamó "narcopolítico" y exigió que se esclareciera la presunta colusión entre poder y crimen organizado. A nivel internacional, el episodio agudizó las tensiones con Estados Unidos, que mantiene vigente la solicitud de extradición y la acusación formal.
El papel de AMLO resulta determinante. Rocha Moya ha sido uno de sus aliados más antiguos y leales, desde que lo impulsó como candidato en 1998 y lo impuso como abanderado de Morena en 2021. Sin embargo, en esta ocasión el expresidente no respaldó abiertamente el regreso, dejando a Sheinbaum enfrentar la crisis. La presidenta, por su parte, tuvo que afirmar que "Sinaloa, la nación y el movimiento están por encima de todo", reafirmando su autoridad frente a quienes buscaban desafiarla. El episodio reveló una fractura interna en Morena: los sectores más cercanos a López Obrador habrían alentado el retorno, mientras que el equipo de Sheinbaum lo frenó de inmediato, al punto de que se habría preparado un juicio político para destituirlo de no haber solicitado la licencia.
Lo ocurrido en Sinaloa trasciende lo local. Muestra cómo las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, cuando provienen de una potencia extranjera, pueden desestabilizar gobiernos y partidos enteros. El hecho de que un Gobernador acusado de nexos con el crimen organizado intentara regresar sin haber sido exonerado y sin el respaldo de su propio Gobierno plantea una pregunta ineludible: ¿hasta qué punto la corrupción y la colusión han permeado las estructuras del poder? La ciudadanía exige claridad, procesos transparentes y que nadie esté por encima de la ley, sea cual sea su militancia o sus vínculos políticos. Lo que está en juego no es solo un gobierno estatal, sino la credibilidad de todo un proyecto de nación que prometió limpiar la vida pública.