SEGUNDA PARTE DE LA CRÓNICA DEL CAOS
La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ha desencadenado una tormenta de especulaciones que va más allá del simple relato de un enfrentamiento armado. Mientras las autoridades mexicanas destacan la coordinación con inteligencia estadounidense como parte de un esfuerzo bilateral, muchos cuestionan si esta acción no respondió más a una presión acumulada de Estados Unidos que a una voluntad genuina de acabar con un cártel que, según múltiples indicios, contó con la tolerancia —o incluso complicidad— de altos niveles del régimen mexicano.
La historia de colusión entre el crimen organizado y el estado mexicano no es nueva. Desde el escándalo de Mario Villanueva Madrid en los años ochenta hasta el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa, la evidencia apunta a un fenómeno estructural: en algunas regiones, el crimen ya forma parte del tejido del poder, participando en decisiones y regulando economías locales. El CJNG no fue la excepción: su expansión a 21 estados mexicanos y su control de puertos como el de Manzanillo no habrían sido posibles sin la omisión o apoyo de funcionarios que permitieron el flujo de drogas, armas y dinero ilícito.
Estados Unidos, que había ofrecido 15 millones de dólares por la captura de "El Mencho" y lo acusaba de traficar grandes cantidades de fentanilo a su territorio, ha incrementado la presión sobre México en los últimos meses. La designación del CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y las sanciones contra sus líderes fueron señales claras de que Washington ya no estaría dispuesto a tolerar la inacción o complicidad del vecino sur. El comunicado conjunto de septiembre de 2025, que refrendó la cooperación entre ambos países bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía, ahora parece más una respuesta a la presión estadounidense que a un cambio de rumbo genuino del gobierno mexicano.
Ahora, con la muerte de su líder, el CJNG enfrenta un posible vacío de poder, pero la amenaza persiste: se habla de hasta 40,000 sicarios armados y en libertad, dispuestos a luchar por el control del imperio criminal que "El Mencho" construyó. Los narcobloqueos en 20 estados, las cancelaciones de eventos como el concierto en Guadalajara (sede del Mundial 2026) y los vuelos en Puerto Vallarta son una muestra de la capacidad del cártel para sembrar el caos. Ante esta realidad, la pregunta que se impone es: ¿qué hará el gobierno mexicano?
La opción de aceptar ayuda militar estadounidense es un tema polémico, pero cada vez más discutido. Históricamente, México ha sido sensible a la intervención extranjera en sus asuntos internos, como lo demostró la evolución de la cooperación bajo la Iniciativa Mérida y el Marco Bicentenario. Sin embargo, la gravedad de la situación —con cárteles que cuentan con más recursos y hombres que algunas fuerzas de seguridad— hace necesario plantear si la soberanía nacional se protege manteniendo la distancia o aceptando el apoyo que se necesita para recuperar el control del territorio.
La muerte de "El Mencho" podría ser un punto de inflexión, pero solo si el gobierno mexicano actúa con decisión. No basta con "decapitar" a un cártel; es necesario desmantelar las redes de corrupción que lo permitieron crecer, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y abordar las causas sociales que alimentan la violencia. Si no, la presión estadounidense seguirá aumentando, y la pregunta ya no será si aceptar la ayuda militar, sino hasta cuándo México podrá resistir la presión de un vecino que ve en los cárteles una amenaza para su seguridad nacional.