LA MENTIRA QUE OCULTA LA VERDADERA INTENCIÓN

 Circula con fuerza la afirmación, según la cual, la Secretaría de Movilidad impondrá placas, licencias y seguros a cualquier objeto que cuente con ruedas: desde patines y carritos de compra hasta los sencillos vehículos de quienes venden tamales o pan en las calles. Es necesario señalar con claridad: esta información es falsa. No existe normativa oficial, ni en Jalisco ni en el resto del país, que extienda estas obligaciones a instrumentos de uso cotidiano, herramientas de trabajo manual o medios de desplazamiento impulsados por el esfuerzo propio. La ley vigente establece de manera tajante que estos requisitos sólo aplican a vehículos motorizados, así como a aquellos aparatos que, por su potencia o capacidad de desplazamiento, superan ciertos límites de velocidad establecidos en el reglamento.

Sin embargo, la difusión de este rumor no es casual: responde a la desconfianza que genera la forma en que se han venido aplicando las medidas de movilidad en los últimos tiempos. Las autoridades presentan estas regulaciones como herramientas destinadas al orden público, a la seguridad vial y a mantener un control adecuado sobre el tránsito. En teoría, se busca identificar los vehículos, prevenir accidentes y dar certidumbre a quienes transitan por las vías. Pero en la práctica, la ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad un componente recaudatorio que va ganando terreno sobre cualquier otro fin legítimo.

Los trámites, los refrendos periódicos, las multas por incumplimiento y la constante ampliación de los requisitos terminan convirtiéndose en una carga que pesa especialmente sobre las familias y los trabajadores más humildes. Se empieza regulando lo que parece razonable, pero poco a poco se extienden las exigencias hasta abarcar ámbitos que antes quedaban al margen de la intervención estatal. El miedo a que un día se llegue a cobrar por un carrito de venta o por unos patines nace precisamente de ver cómo se van cerrando espacios de libertad y autonomía, siempre bajo el pretexto del "orden" y el "bien común".

Es cierto que el Estado tiene la obligación de organizar la convivencia y proteger a las personas. Pero esa obligación no puede convertirse en una excusa para gravar sin descanso, ni para someter a un control excesivo actividades sencillas y necesarias. La verdadera seguridad no se construye multiplicando cobros y requisitos, sino garantizando que las normas sean justas, proporcionadas y respeten la dignidad y el trabajo de todos. Mientras tanto, es fundamental distinguir entre lo que realmente manda la ley y lo que sólo es fruto de la desconfianza: por ahora, nadie debe pagar por sus patines ni por su carrito de venta, pero todos debemos estar atentos para que la regulación no se convierta en un instrumento de opresión disfrazada de orden.

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